miércoles, 18 de junio de 2014

La CEOE pide "igualdad" en el Sector Postal: cuerpo a tierra y a temblar

  • A estos señores les incomoda la financiación pública y por eso se han ido a Bruselas a denunciar al Estado español por presuntas ayudas ilegales a Correos
  • Quieren acabar con el Convenio y Acuerdo funcionarial de Correos para que nuestros derechos salariales y laborales se igualen a los del sector privado
  • Quieren cargarse la mayor empresa pública de este país y la prestación del servicio público que tiene encomendada para sacar "pasta"
Pocas veces nos hemos encontrado con una campaña de acoso y derribo hacia Correos tan continuada, virulenta y organizada como la que están protagonizando durante estos últimos meses las “fuerzas vivas” de los intereses privados.

Continuada porque se prolonga prácticamente desde que se inició la legislatura, cuando el mantra ultraliberal comenzaba a dejarse ver en algunos medios digitales. Virulenta porque eltonelaje mediático y ahora judicial va incrementándose también con el paso de los meses. Yorganizada porque si en su inicio parecía quedarse en el anonimato, hace poco se ha vestido con las siglas de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), aunque éstas (organizaciones, no siglas) ya se intuían desde sus iniciales escaramuzas.

LO QUE DICE LA CEOE

No hablamos por hablar. La CEOE, en plan ONG, ha destapado sus esencias solidarias, se ha puesto a repartir humanismo por doquier y ha sorprendido a diestro y siniestro exigiendo “igualdad” en el Sector Postal. ¡Qué majos ellos!, si es que lo llevan en el ADN. Se les ha olvidado el detallede que la igualdad que piden es para devaluar, y devaluar, y devaluar, y volver a devaluar. Y no es que tengan mala intención, es que son “olvidadizos”.

El lenguaje siempre lleva una carga de ideología, y en la CEOE no va a ser menos. Traduciendo: lo que quieren decir estos señores al hablar de Correos reclamando igualdad para todo el sector, lo que se lee entre líneas, es que quieren acabar con el Convenio y Acuerdo funcionarial de Correos para que nuestros derechos salariales y laborales se igualen a la baja, (pero que muy baja) a los del sector privado. Porque, según ellos, los trabajadores y trabajadoras de Correos son unos privilegiados que nuestra sociedad, en pleno sacrificio, no se puede permitir. ¡Tendrán jeta! Si es que la canallesca cuando se pone no tiene límite.

Vamos, que lo que quieren en el fondo es cargarse la mayor empresa pública de este país y laprestación del servicio público que tiene encomendada para sacar “pasta”, engordar su negocio y volver a la senda del crecimiento de sus ganancias y beneficios. Sin-vergüenzas… sin-comentarios. Traducido al román paladino: inaplicación de convenios y pactos, con derechos mínimos, salarios mínimos, EREs, ERTEs como política de empleo, precariedad y nula presencia de representación sindical (así se acaban las molestias). No nos extrañe, es la misma CEOE que está pidiendo lindezas como un contrato indefinido sin indemnización por despido, uno temporal sin necesidad de especificar la causa o una ley de huelga que prohíba información sobre la misma 24 horas antes. Vamos, que la Reforma Laboral les ha sabido a poco y, calculadora en mano, están convencidos de que pueden sacar unas pelillas más de la crisis y continuar soñando con ese paraíso empresarial en el que los sindicatos no existían.

A estos señores, que frivolizan con la vida de casi 55 mil familias que viven de Correos, les incomoda la financiación pública con la que el Estado debe garantizar el correo a los ciudadanosy por eso se han ido a Bruselas (Comisión Europea) a denunciar al Estado español por presuntas ayudas ilegales a Correos por un montante de 3.500 millones de euros desde 1998 que piden que se devuelvan. De tener que devolverse, conllevaría la quiebra de Correos, obviamente. Ocultan en su falso discurso, cómo no, que la propia Comisión Europea acaba de autorizar hace poco ayudas del Estado francés a La Poste por valor de 1.400 millones de euros.

A estos señores les interesa que el Plan de Acción (el Plan de Empresa de Correos) se quede en papel mojado y que Correos no pueda hacer una transición razonable de la carta (en caída libre) a la diversificación; a estos señores no les va nada de nada que Correos desembarque en la paquetería y en el negocio logístico. A un año y medio del cierre de legislatura, y al parecer sin privatización a la vista (ahora que AENA va a ser finalmente privatizada, aunque sea de forma parcial), con la consignación en los PGE del Estado de la deuda histórica contraída con Correos desde 2008 y con un Plan de Acción que está apostando seriamente por la paquetería y la diversificación, resulta curioso observar tanta ansia de igualdad.

En un momento, precisamente, en el que los lobbies están comprobando que Correos, de continuar así las cosas, en lugar de seguir en el letargo secular, podría llegar a convertirse en un serio competidor en el mercado de la logística. Tal vez el temor y la exigencia de igualdad de la CEOE no sean sino una muestra de preocupación ante la posibilidad de amenaza a un “cortijo” exclusivamente privado. Tal vez, a la luz de estas reflexiones, tenga alguna explicación el retraso en la anunciada adquisición de una empresa portuguesa de paquetería por parte de Correos o el hecho de que la denuncia presentada por la CEOE no provenga de la sempiterna ASEMPRE (la patronal del sector privado… de la carta) sino del Consejo del Transporte y la Logística (y subrayamos lo de logística por razones obvias).

Y LO QUE DICE CCOO CUANDO EL GOBIERNO MIRA PARA OTRO LADO

Pues decimos lo que venimos diciendo desde hace años: que queremos igualdad, también nosotros, pero al alza: empresas privadas con buenos convenios y condiciones laborales dignas, que inviertan y mejoren los servicios postales, un sector que genere empleo y riqueza y un mercado que para dar salida a lo privado no ponga en riesgo lo público mediante la aplicación del dumping laboral y tarifario; que exigimos seguir teniendo recursos públicos para un servicio público que las empresas privadas no van a garantizar (ni lo han hecho, ni lo harán nunca) en buena parte del país, y que ese servicio público siga encomendado a Correos.

Malo sería que en el tramo final de legislatura, cuando más están apretando los lobbies financieros y privados, el Gobierno, en general, Hacienda (propietario) Fomento (regulador), SEPI (como intermediario) o Correos no tuvieran claro el orden de prioridades y miraran para otro lado, como parece que están mirando. La plantilla de Correos y los sindicatos que la representamos, con CCOO a la cabeza como mayoritario, no lo entendería, como empezamos a no entenderlo. Es el Gobierno el que tiene que hacer trinchera y poner pie en pared para frenar la ofensiva de los mercaderes del sector logístico empresarial y financiero (¿fondos de inversión?) que quieren que Correos pase a mejor vida. Y no hablamos por hablar porque se está entrando en una zona de riesgo en la que, de no tomar medidas, estará servido el conflicto laboral y social. Los sindicatos, los trabajadores/as, también sabemos hacer lobby cuando nos empujan a ello. Ese también es nuestro ADN

El Gobierno pone en marcha la privatización del transporte ferroviario y aéreo

El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha puesto en marcha ambas medidas a través de un acuerdo por el que se determina el número y vigencia de títulos habilitantes para la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros y de un informe sobre la entrada de capital privado en AENA, Aeropuertos, S.A.
Se inicia la privatización ferroviaria y aérea.
Se inicia la privatización ferroviaria y aérea.
Concretamente, en el caso de la habilitación a los operadores ferroviarios, para el corredor de viajeros en tren Madrid-Levante (Valencia-Castellón-Alicante-Murcia), el gobierno pretende que, tras un procedimiento público de licitación, el operador que resulte adjudicatario preste servicios en el corredor Levante durante un plazo de 7 años, en competencia con Renfe. Tras este plazo, el corredor se abrirá a la plena competencia.

En relación a la entrada de capital privado en la agencia española de navegación aérea, el Gobierno anuncia la elaboración y aprobación de un marco regulatorio que permita poner en manos privadas el 49% de la sociedad, reservando un 28% para su colocación en bolsa a través de OPV y el resto, un 21%, se licitaría entre un nucleo estable de accionistas seleccionados. La documentación presentada por el Ministerio de Fomento prevé concluir la operación el próximo noviembre.

El Sector Ferroviario de FSC-CCOO ha valorado muy negativamente el anuncio, añadiendo que la medida “supone el inicio de un proceso que en otros países no ha conseguido la tan argumentada eficiencia, ni ha asegurado los niveles de calidad y seguridad anunciados.

En España  este proceso está abocado al deterioro del servicio y a un descenso en la seguridad por el ahorro de costes en mantenimiento y personal. Por eso, CCOO cree que "al menos se deben agotar los plazos hasta diciembre de 2019, tal y como permite la directiva europea, y tal como Francia y Alemania van a hacer”, ha concluido su portavoz.

Por su parte, todas las organizaciones sindicales presentes en AENA, han emitido un comunicado  acusan al Gobierno de temerario al anunciar la privatización parcial de AENA y generar incertidumbre en la campaña turística de verano.

En el comunicado, los tres sindicatos presentes en la agencia, CCOO, UGT y USO, denuncian que esta decisión se ha adoptado sin consultar a los representantes de los trabajadores, por lo que exigen al Ministerio de Fomento que se den las explicaciones oportunas sobre cómo afectará esta decisión a los empleados y empleadas.

martes, 17 de junio de 2014

La gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vuelve a quedar en entredicho

  • El contenido del artículo publicado por El País pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años
CCOO recuerda que, mientras los altos directivos de las Mutuas gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.
El pasado domingo, el diario EL PAÍS publicó una extensa noticia acerca de supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por FREMAP, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con mayor implantación en España,  que en 2013 suponía el 25,39% del sector con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas.

El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas, hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.

Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.

La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, éstas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.

El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última instancia el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo.

Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.

Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participamos los agentes sociales, para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.

A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.

Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho.

CCOO reclama hoy, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar, desde el consenso, la necesaria reforma de las Mutuas.

CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas